Monday, August 16, 2010

Al fin una ley de acceso a la información

El País adelanta que el gobierno aprobará este viernes el anteproyecto de la prometida ley de acceso a la información pública. Una promesa de 2004 repetida en 2008 que al fin se hará realidad. Pero no somos pioneros ni avanzados. España es el único país europeo de más de un millón de habitantes sin ley de acceso a la información y uno de los últimos en aplicar el Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales.
La Constitución garantiza el acceso a la información pública (art. 105b), pero las administraciones públicas y los gobiernos (tanto estatal como autonómicos y locales) son opacos y mantienen una concepción patrimonialista de la sociedad y la información para garantizar el control y el poder. Una falta de transparencia que encubre la corrupción, los abusos y la mala gestión, además de potenciar un control antidemocrático de los recursos públicos y la sociedad.
Pero el poder y la información son de los ciudadanos en un estado democrático. El acceso a la información es clave para garantizar los derechos individuales y públicos, controlar a los poderes y exigir su responsabilidad, vigilar el funcionamiento de las administraciones y avanzar hacia un gobierno abierto para mejorar la democracia y la participación de los ciudadanos en la vida pública.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública deberá servir primero para que los ciudadanos sepan qué información poseen las administraciones sobre ellos y sus actividades.
Segundo, para acceder a toda la información pública de forma gratuita y sin tener que justificar sus razones. Una solicitud que las administraciones deben tramitar obligatoriamente con prontitud.
Tercero, para hacer transparentes los actos de los poderes públicos, de manera que se evite un alto grado de opacidad y posibilidades de corrupción, cuyos ejemplos son desgraciadamente demasiado abundantes.
Cuarto, para hacer efectivo el poder soberano de los ciudadanos frente a los abusos de la administración y de esta forma aumentar la responsabilidad y transparencia públicas.
Pero la ley debe ir más allá y convertirse en la llave del gobierno abierto, la gran oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías e internet para aumentar la participación ciudadana, la responsabilidad democrática y la transparencia. El anteproyecto recoge esa intención al afirmar que "los poderes públicos facilitarán la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad". Un acceso realizado "preferentemente por medios electrónicos".
De esta forma se podrá seguir la senda de gobiernos como el de Obama en Estados Unidos y sus diferentes iniciativas para el acceso y el control público a los datos y presupuestos gubernamentales, la publicación de datos públicos en Gran Bretaña que ha permitido la creación de varias herramientas de acceso y control para los ciudadanos por instituciones y particulares, o la senda abierta por el gobierno de Patxi López en Euskadi.

Datos + gobierno abierto + tecnología = más transparencia, mejor política. Es la ecuación de la democracia 3.0 sólo posible con la transparencia y el acceso a los datos.
El acceso a los datos y a la información pública permitirá ejercer mejor los derechos ciudadanos y crear una serie de aplicaciones tanto para la web como para dispositivos móviles que aumenten la capacidad de negocio y de servicio público.
Las administraciones poseen una gran cantidad de datos, de los registros públicos a las contrataciones, que permiten etiquetar el entorno y enriquecerlo con la información para convertir la realidad aumentada en un auténtico servicio público.

Para el periodismo y los medios informativos, la aprobación de esta ley abre una gran oportunidad para hacer mejor información y mejor periodismo de investigación. Sobre todo de los asuntos cotidianos. Una oportunidad una obligación que periodistas y medios estarán obligados a cumplir para satisfacer una obligación de información y transparencia que aumenta la exigencia sobre el periodismo.
La apertura de la información pública permitirá a los ciudadanos investigar y publicar información más elaborada de la que hoy pueden ofrecer cuando no son profesionales y no cuentan con los recursos y tiempo necesarios. Más competencia para los periodistas y más oportunidades para la información ciudadana.

Habrá que estar atentos a las limitaciones de la ley que el Consejo de Ministros planea aprobar este viernes. Los primeros datos indican una ley restrictiva. Los nueve principios propuestos por la Coalición Pro Acceso no se cumplen en su totalidad y algunos organismos e instituciones importantes como el Congreso y el Senado -supongo que también los parlamentos autonómicos- quedan excluidos de una ley que debería afectar a todos.
Los plazos son más largos, en el texto conocido hay dudas sobre las obligaciones de las administraciones autonómicas y locales, así como en la justicia. No se conocen todavía las obligaciones de las administraciones de ayudar a los solicitantes, un cambio de cultura importante en los poderes y los servicios públicos. Y la lista de excepciones sobrepasa los límites recomendados por el Consejo de Europa (pdf, Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales, art. 3).
Entre las excepciones avanzadas por El País se cita la propiedad intelectual, los intereses públicos económicos o comerciales o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La primera hace temer una falta de reforma pública y transparente del actual sistema de gestión de derechos de autor y propiedad intelectual, con las restricciones, abusos y opacidad actuales. La definición de intereses económicos y comerciales deberá ser muy precisa para no limitar la transparencia de los concursos, contratos y gestión pública de los datos y la información. El secreto en los procesos de toma de decisión parece una enmienda a la totalidad de los principios de libertad de acceso, igualdad ante la ley y las administraciones y gobierno abierto. Habrá que esperar al articulado final y su tramitación en el Parlamento para evaluar las restricciones.
La discusión sobre la institución garante del derecho al acceso a la información entre el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos (AEDP) se ha resuelto al final a favor de la institución dirigida por Artemi Rallo, un organismo con cada vez mayor poder e influencia.
Del Defensor del Pueblo se desconfiaba por la descentralización autonómica de sus funciones y por la propia actividad de este organismo en los últimos tiempos.
Respecto a la ejemplaridad de las leyes, es inquietante que la elaboración de la ley no siga un proceso transparente y abierto y que su primer borrador tenga que ser conocido por la filtración a un diario. Parece que tampoco habrá consulta pública. Ojalá la tramitación a partir de ahora sea más transparente y los largos años de retraso en la promesa de su impulso sirvan para redactar una ley mejor y más avanzada. Orientada a los desafíos de la ciberdemocracia y la política en la era de las redes sociales.
Pero al fin se da un paso adelante indispensable. Ojalá no volvamos a envidiar a los norteamericanos cuando oímos hablar de la Freedom of Information Act y esta nueva ley se convierta en la llave de la obligación del gobierno abierto y de la puerta a una mejor, más informada y responsable democracia.

6 comments:

  1. En la Argentina contamos con una ley de acceso a la información pública (además de las garantías constitucionales que también la incluyen).
    Lamentablemente, muchos organismos -estatales y privados- suelen negar este derecho y la gente debe recurrir a un juez para hacerlo valer.
    Hay mucha jurisprudencia pero parece ser que los poderosos optan por hacerse los tontos (quizás el ciudadano que les toque en suerte no se le ocurrirá demandarlos).

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  2. Yo soy informático en la Junta de Andalucía y sé que transformar los diferentes Sistemas de Información que se utilizan en los trámites administrativos para que pudieran ser utilizados por los ciudadanos como herramientas de consulta no sería especialmente laborioso, incluso respetando la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Es una mera cuestión de voluntad de los poderes públicos, que en mi opinión no existe en absoluto.

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  3. Esa es la cuestión. El problema no es de sistemas ni de recursos, es de cultura democrática.

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  4. Ya tenemos la Ley de Procedimiento que te da derecho al acceso de procedimientos públicos y el acceso a expedientes donde eres parte interesada y esto no se cumple en multitud de ocasiones.
    Supongo que como tantas otras leyes españolas esta nueva Ley de acceso será una "paper law" que jamás tendrán intención de hacerla cumplir aunque tenga unas atribuciones magnificas en el papel.

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  5. Juan nos gustaría usar un extracto de tu artículo para nuestro diario local en papel (El Rondadías, que la edición papel de www.herencia.net). Algo tipo como público Otto en http://www.ottoreuss.com/2010/08/al-fin-al-fin-una-ley-de-acceso-la.html y por supuesto citando su web :)

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  6. el periodismo es un arte, un arte de informar prácticamente todo, de investigar, indagar, crear, pero para esto es necesario esta ley que proteja nuestros derechos como publicistas, y claro por su puesto dandonos ciertos limites para no cometer atropellos ni injusticia con nuestras informaciones. yo se que muchos periodistas abusan y yo no estoy de acuerdo con eso.. y estoy de acuerdo que el periodista que utilice su licencia para perjudicar en vez de informar se castigado.. porque no es justo.. si somos periodistas vedemos saber como serlo, y no burlar este arte tan maravilloso porque lo estamos rallando y eso es lo que muchos periodistas que si sabemos lo que es serlo no queremos.. espero que todo los periodistas que lean este msj no se hagan los locos y pórtense bien...

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