Friday, September 17, 2010

Garantizar por ley la neutralidad de la red

Un grupo de internautas ha creado un debate para impulsar una iniciativa popular y garantizar por ley la neutralidad de la red (como acaba de hacer Chile), uno de los principios originales internet al declarar que todos los bits son iguales y no pueden ser discriminados.
El principio que ha permitido la explosión de la abundancia digital y el desarrollo de multitud de servicios, del vídeo online a la telefonía por internet (VoIP), el P2P o el streaming de música.
Mi propuesta es una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones para incluir el principio de neutralidad de internet dentro de los derechos de los usuarios y las obligaciones del servicio universal de telecomunicaciones. Una ampliación de la Directiva Europea de Servicio Universal, donde está el foco de la Comisión Europea en la consulta pública abierta sobre la neutralidad.
Las amenazas para sostener una internet abierta y sin discriminación están en las exigencias de las operadoras de telecomunicaciones, el nuevo mercado de las aplicaciones y el desarrollo de plataformas digitales vinculadas a los nuevos dispositivos (móviles inteligentes, ebooks, televisores conectados, etc.) y a las redes de nueva generación (NGN, FTTH) que se están comenzando a desplegar, unidas a la multiplicación del tráfico y la demanda de ancho de banda en internet.
Operadores y proveedores tienen derecho a ofrecer a sus clientes redes y plataformas de acceso con mayor capacidad, rapidez y paquetes de contenido premium, como ya se hace en parte. Y también parece razonable la gestión técnica de las redes para aumentar su eficiencia y evitar problemas en el servicio.
Todas esas posibilidades están abiertas y tanto operadoras como aplicaciones y servicios de red las aprovechan desde siempre. En la banda ancha móvil, ni siquiera existe hasta ahora el principio de neutralidad, que propuestas como la de Google y Verizon vuelven a excluir de las condiciones de servicio a los usuarios.
La Federal Communications Commission (FCC) amplió hace un año los principios de neutralidad de la red:
  1. Los usuarios pueden acceder a cualquier contenido legal.
  2. Utilizar cualquier aplicación o servicio de su elección.
  3. Conectar a la red cualquier dispositivo que no dañe la red.
  4. Fomentar la competencia entre proveedores de conexión, aplicaciones, servicios y contenidos.
  5. No discriminación de los contenidos y aplicaciones.
  6. Transparencia en la gestión de las redes.
La Comisión y el Parlamento europeos, como los gobiernos en la Declaración de Granada de este año, rebajan esos principios a la transparencia en la prestación del servicio y los contratos, al mismo tiempo que dejan la regulación en manos de las autoridades nacionales.
La Comisión en los principios a respetar por la neutralidad de la red sólo marca como líneas rojas:
  1. La libertad de expresión es fundamental. No permitir nada que la dañe.
  2. La transparencia entre empresas y usuarios no es negociable.
  3. Promover la inversión, la eficiencia y la competencia en redes abiertas.
  4. Competencia justa y sin discriminación en cualquier paso de la cadena de valor.
  5. Fomentar la innovación en nuevos negocios en internet.
¿Es suficiente?
En mi opinión, no. La neutralidad de internet -no de otras redes dedicadas o especializadas- debería incluirse en el servicio universal de telecomunicaciones para garantizar los derechos individuales -ciudadanos y consumidores- de los internautas, además de los de empresa, competencia y estimular y proteger la innovación.
Además de la neutralidad de la red en un servicio universal de banda ancha -con un mínimo de velocidad que garantice el acceso pero que no cercene la libre oferta y competencia de las operadoras-, lo adecuado sería incluir internet dentro de un estado del bienestar digital con un servicio público digital de contenidos de dominio público.
Una internet abierta y pública con acceso libre y gratuito a los contenidos de dominio público garantizada democráticamente frente a la internet comercial. Esa internet pública debería garantizar el acceso ciudadano a los servicios públicos (urgencias, salud, educación, ciencia y cultura) y de administración electrónica; a las investigaciones y obras científicas y culturales financiadas con fondos públicos; a los contenidos y servicios de la radiotelevisión pública (estatal, autonómica y local) y a todas aquellas iniciativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea ofrecer a los ciudadanos contenidos y servicios de dominio público.
Una red para garantizar todos aquellos contenidos y servicios no interesados en la explotación comercial de pago o en redes dedicadas. Una plataforma pública y un procomún para evitar la brecha digital y garantizar el acceso a la información, la ciencia y la cultura.
Pero esa es otra batalla.

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